Bruselas busca bajar la carga fiscal a pymes y subirla a multinacionales.
La Comisión propone que las pymes transfronterizas traten solo con Hacienda en el país de su sede y diseñar una base imponible común para las grandes compañías.
La Comisión Europea enfila con ambición la recta final de su mandato. A la espera de los anuncios que realice hoy su presidenta, Ursula Von Der Leyen, durante el ultimo discurso del Debate del Estado de la Unión antes de las elecciones comunitarias de 2024, Bruselas ha comenzado a desvelar cuáles serán sus prioridades legislativas para los próximos meses. Especialmente relevante resulta el paquete propuesto ayer, que incluye, de un lado, una batería de medidas para reducir la carga administrativa, la demora en el cobro de facturas y los costes tributarios de las pequeñas y medianas empresas, junto a otras 2 iniciativas para elevar la presión fiscal sobre las grandes multinacionales y reducir su margen para eludir impuestos.
Así, de una parte, dentro de la propuesta de Reglamento de apoyo a las pymes que aspira a rebajar de 60 a 30 días el plazo máximo de las empresas para pagar a sus proveedores, la Comisión Europea ha incluido una propuesta de simplificación de las obligaciones tributarias de las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, las pymes transfronterizas pagan el Impuesto de Sociedades en todos aquellos países de la Unión Europea en los que cuentan con una filial permanente, lo que les obliga a adaptarse a la presión fiscal, legislación tributaria y cauces administrativos aplicables en cada caso. «Eso supone un coste de cumplimiento muy elevado que les afecta de forma desproporcionada«, aseveró ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al presentar la propuesta, calculando que las pymes dedican el 2’5% de su cifra de negocio anual al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que supone entre 3 y 4 veces más que el coste proporcional que asumen las grandes empresas. «Los costes anuales de cumplimiento son de 55.000 millones de euros y el 90% procede de las pymes, empresas de menos de 10 empleados«, ilustró, explicando que semejante factura desincentiva el crecimiento e internacionalización de las empresas europeas.
La propuesta de la Comisión es que las pymes puedan interactuar solo con la administración tributaria del país donde esté radicada su sede, tributando bajo las reglas de dicho Estado, que será el que comparta información con el resto de naciones donde tengan actividad a fin de reducir los costes empresariales en un tercio. El objetivo del plan es que ese ahorro se traduzca en mayor inversión y empleo.
Bruselas admite que su objetivo de reforzar el Mercado Único para que las empresas no tengan que lidiar con 27 Administraciones diferentes aspira a dirigirse no solo a las pymes, sino también a las grandes empresas. En este terreno, sin embargo, su receta de simplificación es muy diferente. Dentro de la propuesta «Negocios en Europa: Marco para la imposición de los ingresos» (Befit, por sus siglas en inglés), Bruselas retoma su vieja apuesta por recorrer el camino hacia un Impuesto de Sociedades común, planteando en este caso que las firmas multinacionales se sometan a la misma fórmula de cálculo de impuestos.
Concretamente, la idea de Bruselas es que las 4.000 compañías con una cifra de negocio de 750 millones de euros o más, las mismas afectadas por el nuevo tipo mínimo internacional del 15% pactado por los miembros de la OCDE, se sometan en toda Europa a la misma base imponible en el pago de Sociedades a partir de 2028. Aunque inicialmente cada país seguiría aplicando su tipo impositivo (del 9% húngaro al 31’5% portugués, pasando por el 25% español) sobre un mismo volumen del beneficio, limitando las diversas reducciones de la base finalmente gravada.
«Ha habido intentos anteriores en el pasado, pero soy optimista y creo que esta propuesta tiene muchas más posibilidades de éxito«, sostuvo Gentiloni, asumiendo que el marco global acordado en la OCDE allana el terreno a dar nuevos pasos en la materia.
En paralelo, la Comisión plantea apretar las tuercas a las grandes compañías armonizando las reglas de juego de fijación de los precios de transferencia, «una herramienta de la que han abusado las multinacionales para reducir sus impuestos«, denunció Gentiloni. El asunto es que las transacciones transfronterizas de bienes o servicios entre empresas de un mismo grupo deben ajustarse al precio que tendrían para terceros a fin de arrojar la misma factura fiscal. Se trata, sin embargo, de una vía habitual para tratar de rebajar la factura tributaria en la que las multinacionales aprovechan, además, las diferentes reglas de juego vigentes en cada país y que Bruselas plantea ahora homogeneizar.
Gentiloni recordó, además, que el pulso entre empresas y administraciones tributarias a cuenta de los precios de transferencia genera 2.300 litigios anuales con un coste medio de 1 millón cada uno y 3 años de duración, un problema con el que aspira a acabar.
Castigo del 12% a empresas que paguen a más de 30 días.
1 de cada 4 quiebras de pymes en la UE tiene su origen en la morosidad; esto es, en el retraso sistemático del pago de facturas por parte de sus deudores, lo que provoca la asfixia de muchos negocios por falta de liquidez. Bruselas quiere atajar de raíz este problema y ayer lanzó públicamente su propuesta de Reglamento con el que busca obligar a las empresas, sean públicas o privadas, a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días en lugar de los 60 vigentes en el sector privado, como publicó Expansión el 8 de septiembre. El nuevo Reglamento, que aún debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo europeos y que sustituirá a la actual Directiva sobre Morosidad en las transacciones comerciales, no solo reduce el plazo límite a la mitad, sino que fija penalizaciones automáticas en caso de demora.
La norma establece unos intereses del 8% más el tipo de referencia del dinero, que en la actualidad es del 4’25%. Esto es, un castigo que, de implementarse ahora, superaría el 12% en caso de retraso, que se aplicará de forma automática y que ninguna de las partes podrá esquivar: desde luego no el deudor, pero tampoco el acreedor, que «no podrá renunciar a su derecho» a esa compensación, según reza la propuesta de la Comisión Europea. Además, la futura regulación eleva la compensación a tanto alzado de 40 a 50 euros por cada operación comercial abonada con retraso, y «crea mecanismos de ejecución y recurso para garantizar que se respeten las normas«, cuya designación y gestión corresponderá a los propios gobiernos europeos.
El Reglamento fija altas penalizaciones automáticas para quienes incumplan los plazos de pago.
Las nuevas reglas de juego, que buscan proteger a las empresas acreedoras «de los malos pagadores«, no se aplicarán de forma inmediata, ya que, una vez recibido el plácete de la Eurocámara y del Consejo Europeo y haya entrado en vigor el nuevo Reglamento, habrá un periodo de transición de un año para que las empresas y las autoridades públicas se adapten al nuevo marco. Eso sí, una vez transcurrido ese periodo el nuevo Reglamento será aplicable y de obligado cumplimiento en todos los países de la UE. Además, a diferencia de las directivas, cuya implantación suele dilatarse varios años y su contenido es interpretable, el de los reglamentos no lo es. En este sentido, la futura norma no concede a los Estados miembros flexibilidad sobre los plazos, salvo para acortarlos: «Se preserva la libertad de contrato, ya que las partes pueden negociar cualquier plazo de pago siempre que no exceda los 30 días«, puntualiza Bruselas. Pero sí otorga cierto margen de maniobra a la hora de crear los mecanismos de ejecución del Reglamento o instrumentos alternativos para la resolución de litigios.
Con este Reglamento, Bruselas endurece y mucho la guerra contra la morosidad comercial, «una práctica desleal que compromete el flujo de caja de las pymes y obstaculiza la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro«, señaló el Ejecutivo comunitario.
La iniciativa fue bien recibida ayer por la patronal de la pyme española, Cepyme, que aplaudió que Bruselas «haya dado prioridad a esta iniciativa para intentar que sea aprobada antes de finalizar la legislatura europea, tal y como habíamos venido demandando para que fuera incorporada como una de las prioridades de la presidencia española de la UE«, destacó en un comunicado.
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