El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Crea y Crece) dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.

La Ley Crea y Crece es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. La norma ha contado con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, fruto del intenso diálogo y colaboración parlamentaria, con las Comunidades Autónomas y todos los actores económicos, que ha permitido la incorporación de mejoras durante su tramitación.

Con la Ley Crea y Crece, se va a facilitar la creación de una empresa, reduciendo sus costes económicos y facilitando sus trámites de constitución.

De esta forma, se podrá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1euros (a día de hoy, el mínimo legal exigido es de 3.000 euros), haciendo mucho más fácil la creación de nuevos negocios y fomentando el emprendimiento.

Además, facilitará la constitución de empresas por vía telemática a través de la ventanilla única. Esto permitirá una reducción en los plazos de creación, los costes notariales y los de registro.

No obstante, se introducen las siguientes medidas de protección a los acreedores reforzadas para las sociedades con capital inferior a 3.000 euros:

1. La obligación de destinar a la reserva legal, al menos, el 20% de los beneficios obtenidos hasta que el capital y las reservas legales alcancen el mínimo de 3.000 euros.

2. En caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para hacer frente a las obligaciones de pago, los socios deberán responder solidariamente a la cantidad restante entre el capital suscrito y 3.000 euros.

De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

Se modifica la Ley de medidas de liberación del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por, al menos, una Comunidad Autónoma.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

También aparecen medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial como alternativa a la financiación bancaria. Destacan:

1. Crowfunding o financiación participativa. La regulación nacional se adapta a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vías para agrupar a los inversores y reducir costes de gestión. Y para ampliar los proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas (el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza).

2. Impulso de la industria del capital riesgo. Se amplían el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

3. Instituciones de inversión colectiva. Se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral, se establecen los medios telemáticos como medio de comunicación por defecto, y se flexibiliza el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.

Esta nueva normativa también incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Las más importantes son:

1. Obligación a expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos para garantizar una mayor trazabilidad y control de pagos.

2. Las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

3. Creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

La nueva Ley Crea y Crece ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, concluyendo su tramitación parlamentaria. Así pues ya ha entrado en vigor, mediante su publicación en el BOE con fecha 29 de septiembre de 2022.