Toda corrupción es mala, pero no del mismo modo. En España ha habido más de 2.000 casos de corrupción desde al año 2000. Solo un puñado son conocidos: por su magnitud, porque pertenecen a tramas complejas o porque afectan a altos cargos. EL PAÍS reunió a un panel de 13 académicos expertos en corrupción para que ordenen los casos principales. Los tres más graves del siglo XXI en España son, por este orden, Púnica, Gürtel y Palau. Los datos fueron recogidos en 2017, antes de la sentencia del caso Gürtel.

El podio del saqueo Estos son los tres casos más importantes de corrupción por su gravedad y por la certeza.

Las dudas de algunas investigaciones El resultado no solo permite ordenar los casos principales, sino aclarar el panorama. El caso Pujol está valorado como muy grave, pero baja su peso por falta de seguridad: “Hay indicios para que dé un salto cualitativo, lo que nos haría hablar no de una corrupción española, europea o latinoamericana sino africana”, dice Ramió. Pero falta de concreción: “La propia policía ha generado dudas. Hay tanta oscuridad. Los policías te dicen que hay mucho, pero no lo cierran: qué contratos, dónde está el dinero”, añade Villoria. El caso Lezo es otro ejemplo de corrupción que podría crecer en gravedad con el tiempo. La actualización de este panel en dos años moverá a la fuerza las percepciones. El caso Pokemon tiene una magnitud notable -con más de 100 acusados-, pero que esté centrado en ciudades gallegas ha perjudicado su cobertura y, por tanto, su importancia: “Hay 11 municipios con alcaldes y ex alcaldes implicados, que va más allá del urbanismo”, dice Yeimy Ospina, investigadora del IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals). El patrón español El análisis de todos los casos permite ver otro patrón: en corrupción, España es una mezcla peculiar entre Holanda y Rumanía. Los niveles de corrupción entre funcionarios españoles de policía, educación, sanidad o hacienda están al nivel del norte de Europa. Pero hay una zona donde se cruzan todos los problemas: municipios, contratos públicos y urbanismo. “Tenemos un agujero muy grande en contratación pública y en su momento de urbanismo”, dice José María Gimeno, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Aún se puede afinar más: “El 90% de los casos de corrupción no tienen lugar en administraciones públicas tradicionales, sino en la paraadministración: entes que se crean para funcionar con más agilidad, como empresas públicas, fundaciones”, dice Fernando Jiménez. Allí los funcionarios tienen otros sistemas de compensaciones y los controles son distintos. Los gobiernos centrales tienen más seguros: “La administración central tiene a los mejores expertos. A nivel provincial, lo son menos porque los buenos se han ido si han podido”, dice Eliska Drapalova, investigadora postdoctoral en la Hearthie School de Berlín. Los controles de los Ayuntamientos están en manos de los secretarios e interventores, cuya labor depende a menudo de la voluntad del alcalde: “Pueden quitarles los complementos, llevarlos a un despacho en el sótano, hacerles la vida miserable. Luego si alguien se va por mobbing, el alcalde pone a alguien de interino y se puede alargar”, dice Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Gotemburgo. El nivel de corrupción en un país se ha medido habitualmente por la percepción de los ciudadanos. La corrupción es el segundo gran problema para los españoles, después del paro. El tercero son los políticos y los partidos. Desde el inicio de la crisis, la corrupción ha estado entre los tres primeros, junto al paro y la economía. El índice permite ver algo curioso en el comportamiento de los españoles. El estallido de casos de corrupción en España fue al final de la burbuja, entre 2006 y 2008. El caso Malaya en Marbella fue el ejemplo. Pero la percepción de la corrupción como un problema enorme para los españoles empezó en 2010, cuando la crisis se había esparcido. Hasta entonces, no se veía como un problema enorme que unos pocos robaran mientras la mayoría vivía bien. “Cuando el porcentaje de ciudadanos que creía que la situación económica era mala o muy mala superó el 50%, el impacto de la cobertura mediática en la percepción de la corrupción como problema público empezó a aumentar”, dice Anna M. Palau, profesora de la Universitat de Barcelona.

Metodología. La preselección de los 22 casos fue revisada por el panel. El criterio para escogerlos fue el número de búsquedas en Google desde 2004 de los principales casos en España según la lista extensa: «casos judiciales relacionados con corrupción política». La referencia fue las búsquedas hechas en España para el caso Brugal: todos los que fueron más buscados, entraban en la selección.

El panel contestó estas dos preguntas para cada caso: “1. ¿Qué seguridad tienes de que se produjo este caso de corrupción? (1, seguro que no ocurrió; 10, seguro que sí ocurrió.)”; y “2. Asumiendo que el caso de corrupción se produjo, ¿cómo sería de grave? (1, nada grave; 10, absolutamente grave.)”. Esas respuestas, codificadas entre 1 y 10, son las que se representan en los gráficos.

Los miembros del panel son: Elena Costas (investigadora postdoctoral en la Universitat Autónoma de Barcelona), Víctor Lapuente (profesor en la Universidad de Gotemburgo, Suecia), Manuel Villoria (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos), Carles Ramió (catedrático de la Universitat Pompeu Fabra), Fernando Jiménez (profesor de la Universidad de Murcia), Laura Chaqués (profesora de la Universitat de Barcelona), Anna M. Palau (profesora de la Universitat de Barcelona), Jordi Muñoz (investigador en la Universitat de Barcelona), Eliska Drapalova (investigadora postdoctoral en la Herthie School of Government), Jesús Lizcano (catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional), Yeimy Ospina (investigadora del Institut Barcelona d’Estudis Exteriors), José María Gimeno (catedrático de la Universidad de Zaragoza) y Eva Anduiza (profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona).