El panorama laboral se enfrenta a desafíos continuos y, en este escenario, la pregunta que surge es: ¿puede solicitarse un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en el caso de un ataque informático? Este cuestionamiento adquiere importancia en un mundo cada vez más digitalizado, donde las vulnerabilidades cibernéticas pueden tener un impacto significativo en la operación de las empresas. La jurisprudencia ha abordado esta cuestión y resulta vital explorar sus implicaciones en el marco laboral.

La fuerza mayor en el ámbito laboral se refiere a situaciones donde se imposibilita trabajar debido a un suceso imprevisible o previsible pero inevitable, que exime a los empleadores de sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de salarios. El Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, junto con el Estatuto de Trabajadores, establecen el marco legal para la solicitud y autorización de ERTE por fuerza mayor.

El desafío reside en si un ataque informático puede cumplir con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad necesarios para ser considerado como fuerza mayor. 2 sentencias de la Audiencia Nacional (SAN) han abordado este tema. En el caso de SAN nº37/2022, la Audiencia Nacional reconoció un ERTE por fuerza mayor debido a un ciberataque en una empresa de Contact center. Este tribunal argumentó que el ataque tenía la suficiente contundencia para operar como causa obstativa plena, ya que imposibilitó objetivamente a los trabajadores prestar servicios.

Por otro lado, en SAN nº67/2023, se cuestionó la posibilidad de considerar un ciberataque como fuerza mayor. La Audiencia Nacional refutó que un ataque informático no es un acontecimiento imprevisible e inevitable, ya que resulta un riesgo previsible dada la naturaleza digital de la actividad empresarial. Sin embargo, este tribunal consideró que la empresa demostró que adoptó medidas preventivas adecuadas y que el ataque tuvo una sofisticación suficiente para que su entrada no se hubiera podido identificar.

El proceso de solicitud de un ERTE por fuerza mayor involucra la presentación de una solicitud a la autoridad laboral competente, acompañada de pruebas que respalden las causas alegadas. Se debe informar simultáneamente a la representación legal de los trabajadores y proporcionar datos específicos de los trabajadores y centros afectados, así como una explicación detallada de las causas y pruebas que las respalden.

La posibilidad de solicitar un ERTE por fuerza mayor a consecuencia de un ataque informático sigue siendo una cuestión que requiere análisis detallado en cada situación. Las sentencias de la Audiencia Nacional han proporcionado claridad sobre la viabilidad de esta solicitud, destacando la importancia de la imposibilidad objetiva de trabajar y la sofisticación del ataque. En un mundo en el que la tecnología desempeña un papel central en la operación empresarial, la intersección entre el derecho laboral y la ciberseguridad continúa evolucionando, y las empresas deben estar preparadas para enfrentar estos desafíos desde un enfoque legal sólido.