La formación de Gobierno reactiva el plan de imponer a empresas y autónomos el uso generalizado de la facturación digital para combatir la morosidad comercial.
La imposición de la factura electrónica para todas las transacciones entre empresas o autónomos vuelve a estar en el horizonte de actuación del Gobierno. Tras meses de parálisis, desde la convocatoria anticipada de elecciones generales a la investidura de Pedro Sánchez al frente de un nuevo Gobierno de coalición, la reforma ha vuelto a las agendas ministeriales donde se espera poner en marcha en corto plazo, bajo la batuta de Economía y gracias a la plataforma digital que ultima para ello el Ministerio de Hacienda.
La introducción de la factura electrónica obligatoria es una de las premisas de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial (conocida como Ley Crea y Crece), pendiente de un desarrollo reglamentario que el Gobierno lanzó a consulta pública el pasado mes de marzo pero que no llegó a poner en marcha ante la disolución de las Cortes. Pero los trabajos ya se han retomado. Así lo aseveró ayer el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, durante su intervención en un foro sobre las ayudas europeas organizado por EY, en el que detalló que es una de las reformas estructurales que el nuevo Ejecutivo de coalición prevé poner en marcha a corto plazo.
«Es una gran reforma estructural que permitirá reducir los costes y las transacciones, y tener un instrumento ágil y eficiente para luchar contra la morosidad comercial, que es una lacra que afecta fundamentalmente a las pequeñas empresas, y esta es una manera moderna y eficiente de abordar el problema«, defendió el secretario de Estado de Economía. «El Real Decreto Ley ya ha salido a audiencia pública y hemos hecho los cambios, estamos ultimando el texto para llegar a la fase de tramitación y aprobarlo«, detalló. En paralelo, explicó, el Gobierno trabaja en «el desarrollo técnico para introducir la plataforma que va a desarrollar la Agencia Tributaria para que la obligación no suponga un coste a las empresas más pequeñas«.
La medida supone la digitalización de todas las facturas emitidas entre empresas y autónomos, para lo que las grandes compañías tendrán un plazo de 12 meses de adaptación desde su aprobación definitiva y las pymes un periodo de 2 años, según consta en el texto original del Real Decreto.
Los plazos están en el aire, en todo caso, teniendo en cuenta que la Ley Crea y Crece dio, en septiembre de 2022, 6 meses al Gobierno para culminar un desarrollo reglamentario que todavía sigue pendiente.
El Ejecutivo, no obstante, viene destacando la importancia de una «medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil«, que a la vez considera como una herramienta «clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales«.
«La primera condición para lograrlo es contar con información fiable sobre los plazos de pago efectivos» entre empresarios, Economía, que ha encontrado como solución someter todo el procedimiento al control de la facturación por parte del Ministerio de Hacienda.
El problema es que, aunque desde hace años la Ley de medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales fija que las facturas comerciales deben pagarse en el plazo de 1 mes, estableciendo que «en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales«, las relaciones entre empresas y proveedores acaba imponiendo plazos mucho más laxos, normalmente a conveniencia de las compañías de mayor tamaño. Así lo vienen denunciando las pequeñas y medianas empresas, para las que las tensiones de liquidez generadas por esta práctica son uno de los principales frenos al crecimiento. Un problema al que el Ejecutivo ha tratado de dar una solución que de paso le permite fiscalizar de forma automatizada y digital todas las transacciones selladas entre empresas.
De momento, en todo caso, la expectativa está puesta en que los plazos se regularicen al situarse bajo el foco de Hacienda, pese a que el Gobierno no ha previsto por ahora ningún tipo de medida coercitiva o sanción contra las empresas infractoras. En ausencia de palo, sin embargo, Economía ha incorporado una relevante zanahoria : estar al corriente de pagos es condición necesaria para el acceso de subvenciones, ayudas públicas y transferencias europeas ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De momento, las empresas con una cifra de negocio superior a 6 millones de euros anuales ya han digitalizado parte de su facturación para cumplir con el Suministro Inmediato de Información del IVA, pero la obligación se extiende ahora a todo tipo de facturas entre empresas y profesionales, detallando fecha de emisión, pago y periodo medio de abono.
Se espera, por tanto, que la reforma implique un coste de adaptación para los empresarios, si bien el Gobierno confía en que las ayudas del llamado Kit Digital, nutrido con fondos europeos, y la plataforma online que ultima Hacienda permitan reducir el impacto, especialmente para las pymes.
Como resultado, el volumen de facturas digitalizadas pasará de rondar los 300 millones en 2021 a 1.000 en los próximos 2 años, cuando estará todas ellas bajo su control exhaustivo.
Fuente: Expansión. https://economistas.es/wp-content/uploads/2023/11/z-p1electr.pdf
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